Lic. Santiago Felici
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015, presenta un plan de acción a seguir para lograr un desarrollo que sea sostenible en tres dimensiones: económica, social y ambiental. En ella se plantean 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que buscan poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar la paz y la prosperidad. Para cumplir con estos objetivos, algunos de ellos altamente prioritarios para América Latina y el Caribe, la región con más desigualdad del mundo y con altas tasas de pobreza, es necesario adoptar un nuevo paradigma de desarrollo que permita incrementar la producción mundial, necesario ante el crecimiento demográfico, en armonía con el medio ambiente y que sea socialmente inclusivo.
Dadas las características de ALC, una de las regiones con mayor biodiversidad, con un alto potencial de producción de biomasa (debido a la disponibilidad de tierras cultivables y los recursos hídricos) y, en consecuencia, con grandes cantidades de desechos biomásicos hacen que la bioeconomía sea una de las alternativas que puede atender a los ODS planteados en la Agenda 2030.
Tomando la definición surgida en la Segunda Cumbre Mundial de Bioeconomía llevada a cabo en 2018, la bioeconomía es “la producción basada en el conocimiento y la utilización de recursos, principios y procesos biológicos, para proveer productos y servicios a todos los sectores del comercio y la industria dentro del contexto de un sistema económico adecuado para el futuro” siendo los recursos biológicos la biomasa y la biodiversidad, se hace evidente que, efectivamente, la bioeconomía puede aportar en le camino hacia un desarrollo sostenible.
Si bien la biomasa, como recurso natural, es responsable sólo del 15% de los impactos sobre el cambio climático (el 85% restante es provocado por otros recursos como los metales, minerales no metálicos, combustibles fósiles e industria y hogares), puede atribuírsele casi el 85% del impacto sobre el estrés hídrico y, lógicamente, más del 80% de la pérdida de biodiversidad relacionada con el uso del suelo. Esto sugiere que el uso de la biomasa como fuente de recursos no es suficiente para el desarrollo sostenible sino que es necesario un nuevo paradigma que, a través de su uso responsable, permita cumplir con los objetivos propuestos en la Agenda 2030.
El ODS Nro 13, “Acción por el Clima”, propone adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Estudios indican que el aumento de un grado en la temperatura promedio, que es sólo una de las consecuencias del cambio climático, está asociado con una reducción de entre el 1 y el 4% del Producto Bruto Interno (PIB). Dado que las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) son unos de los principales factores que contribuyen en el calentamiento global y el uso de combustibles fósiles para la generación de energía aporta casi la mitad de las emisiones totales, la descarbonización fósil de la economía es uno de los principales problemas a resolver. Dada que la materia prima de la bioeconomía es la biomasa (la Unión Europea la define como “todo material biológico -fruto de la agricultura, lo forestal o lo animal-, virgen o residual, como producto en si mismo o como insumo) presenta una alternativa concreta para la descarbonización. En el año 2017 sólo un 21% de la energía producida en ALC provenía de la biomasa mientras que casi un 70% dependía de fuentes fósiles (41% petróleo, 22% gas natural y 5% carbón). Los biocombustibles, tanto el biodiesel producido principalmente partir de granos de soja o el bioetanol producido, en su gran mayoría, a partir de la caña de azúcar o el maíz, pueden representar una reducción de las emisiones de GEI de entre un 50% y un 75% si son utilizados como sustitutos de los combustibles fósiles. Asimismo, se estaría contribuyendo con el ODS Nro 7 “Energía asequible y no contaminante” que tiene como objetivo garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna.
Por otro lado, el ODS Nro 2 “Hambre cero” propone poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, todos ellos plausibles de lograr a través de la ecointensificación que refiere al empleo de practicas sostenibles que mantengan o aumenten los niveles de producción agropecuaria, y en consecuencia de alimentos, a la vez que promueven la conservación del medio ambiente. Se estima que la producción de alimentos deberá aumentar en un 70% hacia el año 2050 para satisfacer las nuevas demandas y que el 80% de ese aumento sería explicado por un incremento en la productividad y sólo un 20% mediante la expansión geográfica, por lo que aumentar la productividad sin afectar negativamente al medio ambiente toma gran relevancia de cara a las próximas décadas. Dicho concepto aporta también al cumplimiento del ODS Nro 3 “Salud y Bienestar” que busca garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades a través de la reducción de la contaminación de los suelos y el agua y del ODS Nro 15 “Vida de ecosistemas terrestres” que busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad mediante la reducción de las tasas de deforestación y reduciendo la proporción de tierras degradadas.
La bioeconomía no sólo implica un nuevo modo de hacer las cosas que sino que, además, impulsa el desarrollo de nuevos productos que pueden ser sustitutos (y en algunos casos complementarios) de los ya existentes, ya sea como insumos de otros sectores productivos como es el caso de los bioinsumos y biofertilizantes en el sector agrícola o biomateriales en el caso de la construcción, o como bienes finales, como es el caso de los bioplásticos producidos a partir de desechos de la biomasa. Estos nuevos desarrollos se encuentran alineados tanto con el ODS Nro 8 “Trabajo decente y crecimiento económico” que busca promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo y el trabajo decente para todos y el ODS Nro 9 “Industria, innovación e infraestructura” que promueve la construcción de infraestructuras resilientes, la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación a través de la generación de nuevos puestos de trabajos en industrias innovadoras y de base sustentable.
Dado el gran potencial que presenta la bioeconomía como alternativa para el desarrollo sostenible, desde FONTAGRO se lanza el Concurso de Casos Exitosos 2023 “
Bibliografía
ONU (2018), La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe (LC/G.2681-P/Rev.3), Santiago.
CEPAL (2019), A. G. Rodríguez, M. Rodrigues y O. Sotomayor, “Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe: elementos para una visión regional”, serie Recursos Naturales y Desarrollo, N° 191 (LC/TS.2019/25), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2019.
Banco Interamericano de Desarrollo (2022), G. Paliza, L. Miguel, “¿Cuánto cuesta lograr los objetivos del cambio climático en América Latina y el Caribe?” Documento de trabajo del BID N° 1310, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2022.
IRP (2019), Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want. A report for the International Resource Panel. United Nations Environment Programme.
IICA (2020), A. Torroba, “Los biocombustibles líquidos en las Américas: situación actual y potencial de desarrollo”. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 2020.
***
Sobre FONTAGRO
FONTAGRO se creó en 1998 con el propósito de promover el incremento de la competitividad del sector agroalimentario, asegurando el manejo sostenible de los recursos naturales y la reducción de la pobreza en la región. El objetivo de FONTAGRO es establecerse como un mecanismo de financiamiento sostenible para el desarrollo de tecnología e innovaciones agropecuaria en América Latina y el Caribe y España, e instituir un foro para la discusión de temas prioritarios de innovación tecnológica. Los países miembros son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En los últimos 25 años se han cofinanciado 195 plataformas regionales de innovación agropecuaria por un monto de US$139.7 millones, que ha alcanzado a 1809 instituciones y 35 países a nivel mundial.